El Ejecutivo ingresó recientemente al Congreso Nacional un proyecto de ley que propone la creación de un sistema de Radios Públicas Nacionales, iniciativa elaborada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones y presentada mediante Mensaje Presidencial.
El proyecto plantea la conformación de un sistema de radiodifusión estatal a través de la reserva del segmento 86–88 MHz del espectro radioeléctrico, justificando esta medida en objetivos como el pluralismo informativo, la gestión de emergencias y la conectividad en zonas aisladas. La propuesta cita como referentes modelos nacionales e internacionales, tales como Radio Carabineros de Chile y la BBC del Reino Unido, destacando el rol de la radiodifusión pública en una democracia moderna.
Con el objetivo de contribuir al debate público de manera informada y responsable, la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) realizó un análisis de la viabilidad constitucional del proyecto, identificando una serie de obstáculos jurídicos relevantes que podrían comprometer tanto su tramitación legislativa como su eventual aplicación.
Principales observaciones constitucionales
Uno de los primeros aspectos observados dice relación con la iniciativa exclusiva del presidente de la República, ya que el proyecto implica gasto público y la creación de servicios públicos, materias reservadas constitucionalmente al Ejecutivo. En este contexto, considerando que restan aproximadamente 60 días de trabajo legislativo efectivo del actual período presidencial, cualquier avance sustantivo del proyecto dependería necesariamente de su patrocinio por parte de la próxima administración.
Asimismo, la creación de emisoras estatales constituye una actividad empresarial del Estado, lo que exige su aprobación mediante una ley de quórum calificado, conforme al artículo 19 N° 21 de la Constitución. Esto implica que su aprobación dependerá de las mayorías que se configuren en el próximo Congreso Nacional, introduciendo un grado significativo de incertidumbre legislativa.
Otro punto relevante es la necesidad de autorización legal específica para cada empresa estatal que se pretenda crear. La jurisprudencia constitucional chilena y la práctica legislativa exigen que cada empresa del Estado cuente con su propia ley orgánica. El caso de Televisión Nacional de Chile, regulado por la Ley N° 19.132, constituye el principal precedente en esta materia.
El análisis también advierte que el proyecto contempla un régimen regulatorio privilegiado para las radios públicas, incluyendo exenciones en el pago por uso del espectro, asignación directa de concesiones, reserva exclusiva de banda y plazos concesionales extendidos. Estas disposiciones podrían vulnerar el principio de igualdad ante la ley y la exigencia constitucional de que las empresas del Estado se sometan al mismo régimen que los particulares.
Finalmente, se identifican riesgos de concentración estatal en los medios de comunicación, considerando que la Constitución prohíbe expresamente el establecimiento de monopolios estatales en este ámbito. La creación masiva de emisoras estatales, especialmente en zonas donde ya operan radios privadas, podría generar saturación del mercado de audiencias y distorsiones en el mercado publicitario local, afectando el pluralismo que el propio proyecto declara promover.
Síntesis de viabilidad
En su formulación actual, el proyecto presenta una serie de objeciones constitucionales, entre las que destacan:
- La falta de autorización legal individualizada para cada empresa estatal de radiodifusión.
- La necesidad de aprobación mediante ley de quórum calificado.
- El establecimiento de privilegios regulatorios incompatibles con la legislación común aplicable a los particulares.
- La ausencia de un análisis previo del impacto en los mercados locales de audiencias y publicidad.
Posición de ARCHI
ARCHI reconoce y valora el rol de la radiodifusión como herramienta fundamental para la democracia, el pluralismo informativo y la gestión de emergencias. No obstante, estima que cualquier iniciativa destinada a fortalecer la radiodifusión pública debe ajustarse plenamente al marco constitucional vigente, resguardando la igualdad ante la ley, la libre competencia y la diversidad de voces que históricamente ha caracterizado al sistema radial chileno.
En este sentido, la Asociación considera que el proyecto, tal como está planteado, requiere una reformulación integral, que asegure reglas equitativas, evite distorsiones al mercado y no configure, directa o indirectamente, formas de concentración estatal incompatibles con la Constitución.
ARCHI continuará analizando esta iniciativa y seguirá informando oportunamente sobre su evolución legislativa, reafirmando su compromiso con la defensa de una radiodifusión libre, plural y descentralizada en Chile.
